La Argentina democrática debería explicitar con más claridad que no fue “la Nación Argentina” la que ocupó las Malvinas – 2 de abril de 1982 – ni la que se rindió incondicionalmente – 14 de junio del mismo año -. Ambos hechos fueron responsabilidad de una junta militar ilegítima que solo intentó perpetuarse en el poder, a través de un acto irresponsable, que manipuló arraigados sentimientos patrióticos.
Y digo “debería” porque mantenemos el 2 de abril como feriado que ya tendría que haber sido suprimido, concentrando en el 10 de junio – día de las Malvinas – todos los homenajes a nuestros héroes caídos y la reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre las islas.
El 16 de abril último, un gobierno legítimo y con amplio respaldo popular, reitera el mismo procedimiento- LA RECUPERACIÓN- para desviar la atención sobre su responsabilidad en una catastrófica política energética que nos llevó a perder la mitad de nuestras reservas, redujo la explotación petrolera y gasífera a los niveles de 1992 y nos generó la necesidad de importar el año pasado más de U$ 9.000 millones en combustibles (la cuenta para este año prevé más de U$ 13.000 millones).
Y digo “reitera” porque toca la misma fibra sensible del pueblo argentino que identifica –con razón- los recursos naturales con la Patria misma. Las consecuencias negativas de esta decisión deben ser evaluadas por quienes la toman y mal podrán utilizar en su defensa “el amplio consenso legislativo” o las encuestas de opinión que avalan su conducta. El problema es que, esta vez, la responsabilidad colectiva e institucional condicionará a los gobiernos que en el futuro quieran enmendar el rumbo ( y no hablo de reprivatizar sino de obtener apoyos e inversiones externas).
En el curso de los últimos 40 años, hemos producido un genocidio inédito en occidente desde el fin de la 2da Guerra Mundial (1976), una Guerra en el Atlántico Sur (1982), una hiperinflación que llegó al 5000% (1989), un default de U$S 150.000 millones (2001) y ahora una medida que rompe cualquier vestigio de credibilidad y seguridad jurídica que todavía hubiéramos podido conservar.
Y no hay duda que el mundo siempre apostó a nosotros: celebró nuestro ejercicio de memoria y justicia en materia de derechos humanos y nuestra recuperación económica, nos volvió a apoyar mayoritariamente en el conflicto de Malvinas pese a la guerra perdida y nos incluyó en el G-20 dejando de lado nuestros antecedentes de graves rupturas de los contratos públicos y privados. No podemos hacer de ese mismo mundo una conspiración internacional contra la Argentina.
Vemos con dolor que, igual que la dictadura con sus “somos derechos y humanos” frente a las críticas universales por sus crímenes de lesa humanidad y el “aplauso de pie” de nuestros diputados y senadores por la declaración del default, hoy sacamos a la calle cientos de miles de camisetas con las sonrisas de nuestros jóvenes y artistas más representativos con la consigna “Malvinas e YPF son argentinas”. Y, por supuesto, los que estamos en contra de la medida somos “traidores a la Patria”
Fuera de esta mascarada, no hay duda que el gobierno debía modificar su política energética, intervenir enérgicamente convocando a más actores nacionales y extranjeros y recuperar, además, la “acción de oro” que debe ejercer en esta materia el Gobierno Nacional. Esto es una cosa muy distinta a la expropiación ejecutada violando la Constitución y leyes nacionales, los tratados internacionales y nuestros vínculos asociativos con toda la Unión Europea.
Pretender en este contexto el apoyo de nuestros vecinos y socios o el de los capitales internacionales es una invitación al error o a negocios de dudosa transparencia con utilidades exorbitantes que deberán ser financiadas por “tarifazos” y racionamientos al consumo.
Las Malvinas y los recursos naturales están indisolublemente identificados con Los conceptos de Nación y Patria. Pero es responsabilidad de quienes tienen el derecho y el deber de gobernarnos el administrar con prudencia y sabiduría la tan preciada pero vapuleada Soberanía.
Diego Ramiro Guelar
Secretario de relaciones Internacionales del PRO
