El escándalo del Presupuesto. Gestión e ideología
El miércoles 10 de noviembre se desplegó un anárquico y múltiple proceso de “persuasión” en el Congreso Nacional para lograr una mayoría que aprobara el proyecto de presupuesto para el año 2011.
Sin Néstor Kirchner a cargo, nada es igual. Ni las intransigentes órdenes ni las “flexibles” negociaciones concentradas en un mando único e indiscutible, serán posibles en el futuro.
Quedó el sabor amargo, según la apropiada terminología del Diputado Federico Pinedo, de “las ausencias que no se pueden explicar”, y que afectaron a varios bloques parlamentarios.
Queda claro que no estamos frente a un “voto de conciencia” (los únicos temas reconocidos universalmente con éste calificativo son el divorcio y el aborto); no es tampoco un tecnicismo ni una cuestión individualmente opinable.
Sólo valen las negociaciones (o no negociaciones) practicadas por los bloques teniendo en cuenta cuestiones de mayor o menor peso político, social, económico y/o moral.
Sólo valen las negociaciones (o no negociaciones) practicadas por los bloques teniendo en cuenta cuestiones de mayor o menor peso político, social, económico y/o moral.
En este caso, la oposición había acordado que no se debía aceptar el criterio de “libro cerrado” que incluía números absolutamente falsos que sólo acreditaban la voluntad de usar discrecionalmente varias decenas de millones de pesos. Todo aquel que acepte este esquema, sólo puede haber sido “disuadido” por malas artes.
Razón de ser del Presupuesto
El parlamentarismo inglés – madre y padre del parlamentarismo universal – nace en el siglo XVI como consecuencia de la necesidad de los señores feudales de limitar la discrecionalidad del rey.
Fijar los impuestos y asignar el gasto fueron –y siguen siendo- las atribuciones centrales del poder legislativo en su poder equilibrante con el ejecutivo. Declarar la guerra y ratificar la paz eran las otras atribuciones sobresalientes.
El sistema representativo exige ordenar su ejercicio, agrupando, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, a los legisladores por su afiliación partidaria y no sólo por su referencia territorial.
Cuando no está consolidado el sistema bipartidario – el más sólido y coherente con el sistema constitucional mayoritario en Occidente – se requiere armar coaliciones que estabilicen al gobierno y a la oposición.
El Kirchnerismo gozó de mayoría propia hasta el 10 de diciembre del 2009.
De ahí en más se presentó un delicado equilibrio que permitió ocasionalmente a la oposición votar algunas leyes que luego fueron neutralizadas en el Senado con la excepción del 82% móvil para los jubilados que fue finalmente vetado por la Presidenta.
El Presupuesto del 2009 fue aprobado con la conformación anterior, es decir, no requirió negociación alguna.
En esta nueva circunstancia – oficialismo sin mayoría y ausencia de su jefe -, el gobierno debería haber conformado una “nueva mayoría” con aliados o convocando a una mayoría circunstancial – o ad hoc – otorgando concesiones particulares que le permitieran pasar esa tan importante pieza de legislación.
No existen en la región partidos que puedan gobernar en solitario.
El Presupuesto es un instrumento central para traducir prácticamente las prioridades de gestión. Se materializa así el verdadero “discurso” al tener que lidiar con recursos que están por debajo de las necesidades a ser satisfechas.
No sólo aparecen los objetivos cuantitativos sino también los cualitativos por el perfil de las obras a realizar y su método de concreción.
No puede haber “ideología en abstracto”. La gestión es la forma de ponerla en práctica.
No se oponen “gestión” e “ideología”. Por el contrario, una es la orientadora de la otra y la guía para ordenarla y ejecutarla.
La ideología centro-derechista prioriza la creación de los medios económicos necesarios para garantizar el bienestar general. Tiende a limitar la intromisión del Estado en lo que entiende la esfera privada de los ciudadanos y defiende a las personas, como jefes de familia, empresarios, responsables comunitarios, etc., en su rol de asignadores de recursos; desconfía de las formas “paternalistas” del estado y de la multiplicación de subsidios como placebos sociales o alteradores del mercado; no reniega del mercado como distribuidor de riqueza pero cree en las regulaciones que garanticen su transparencia; estimula la conformación de grandes empresas pero considera imprescindible el evitar la conformación de oligopolios y carteles que regulen los precios contra los intereses de los consumidores.
Todos estos principios pueden alterarse en la práctica si predominan valores elitistas o intereses monopólicos que sólo pretenden abusar del poder económico o político o maximizar el individualismo egoísta y anti-social.
La misma actitud abusiva puede presentarse desde la izquierda. En este caso, el sublimar la representación del interés común en el Estado puede convertir a éste último en el peor de los tiranos.
La izquierda parte de la premisa de la solidaridad social como el bien superior a tutelar y plantea la obligación del Estado de proteger a los sectores más desprotegidos – desde los marginados a los asalariados – frente al poder concentrado de las grandes empresas nacionales y/o extranjeras así como el de la banca y los grandes latifundistas agrarios.
El instrumento alternativo al de las grandes corporaciones es siempre e insustituiblemente el Estado.
Cuando no hay partidos de centro–izquierda y centro-derecha, la puja Estado-Corporaciones (tanto las sindicales como las empresariales) se convierte en un conflicto permanente de intereses o en una “kermesse” de corrupción permanente donde el usufructuario del Estado reparte prebendas a unos y privilegios a otros.
El resultado es la concentración de la riqueza, el vaciamiento del Estado y la fuga del ahorro interno.
Estamos transitando hace décadas esta dolorosa fase. En los últimos 8 años se han fugado 70.000 millones de dólares (10.000 millones en los últimos 10 meses), el Estado ha perdido operatividad y jerarquía pasando a ser nuevamente deficitario y la acumulación del ingreso es más alta que durante la década de 1930.
Por esto es que la correcta implementación de propuestas ideológicas requiere una equilibrada reconstrucción por izquierda y derecha –sin complejos ni concesiones-que permita recuperar el debido equilibrio social imprescindible para el normal funcionamiento de las instituciones.
Diego R. Guelar
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