La CGT Propone la participación obrera en las ganancias empresariales
El intentar borrar el pasado suprimiendo los hechos ya ocurridos es una experiencia recurrente en los períodos proto-históricos de las naciones en formación.
Las facciones en pugna intentan así eliminar a sus enemigos internos para hacer predominar lo que entienden su versión de la verdad.
Juan Manuel de Rosas hizo el primer intento de este tipo en la todavía Nación Argentina en formación. Logró así congelar el proceso constitucional durante más de 20 años con el argumento Confederal.
Bartolomé Mitre trató de imponer (y lo logró) su versión unitaria del Federalismo ya impuesto en la letra de nuestra constitución por el influjo de Justo José de Urquiza.
El golpe de Estado de 1930, con el argumento de volver al régimen oligárquico previo al acceso de Hipólito Irigoyen en 1916, repite la versión restringida y elitista que había sido superada por la llegada de la Unión Cívica Radical al poder.
La llamada “Revolución Libertadora” en 1955 interviene los sindicatos, prohíbe mencionar a Perón y hasta secuestra el cadáver de Evita, en un inútil intento de borrar la memoria de lo ocurrido en la década pasada, en particular, la participación política de la clase obrera.
En 1976, utilizando el argumento anti-terrorista (cuando ya Montoneros y ERP estaban militarmente diezmados), se intenta la mayor regresión de nuestra historia al profundizar lo ya pretendido por el General Onganía en 1966.
El más serio intento de incluir democráticamente las diversas tendencias desarrolladas a lo largo de nuestra historia, incluyendo la primera Constitución sancionada por unanimidad en 1994, se desmorona en el 2001. El fracaso de la “transición democrática” encarnada en Raúl Alfonsín y Carlos Menem, produce masiva falta de credibilidad en las instituciones, en particular, los partidos políticos.
Se produce así una “nueva transición”, protagonizada por Néstor y Cristina Kirchner, que intenta rescatar formas y contenidos de las décadas de los 40’s y los 70’s emparentadas con el régimen chavista de Venezuela y que vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre “el modelo de Nación” como versión excluyente y parcial sobre la matriz de una minoría operativamente hegemónica frente a una mayoría desestructurada y vacilante.
Este esquema sobrevive durante 8 años gracias a la quiebra de los partidos políticos como vertebradores de grandes corrientes de opinión que buscan, a través de la negociación y la alternancia, una síntesis permanente y previsible tal como lo han logrado nuestros vecinos Chile, Uruguay y Brasil.
La crisis mundial del 2008 le ha enseñado al mundo que las versiones maniqueístas enfrentando el rol moderador, redistributivo y promotor del estado no choca con la iniciativa privada ni con los mercados. Por el contrario, se consolida el rol dirigencial inexcusable que los partidos políticos tienen desde la conducción del estado.
Leer hoy la prédica de Paul Krugman para que se incrementen los programas de estímulo y su advertencia sobre el error de Roosvelt de discontinuarlos en 1937, nos enfrenta con claridad a las causas de nuestro default en el 2001 por errores locales e internacionales de interpretación de la realidad. Las ideas en boga todavía al final de los 90’s – cruelmente representadas por el FMI – fueron superadas y sustituidas por un mix público – privado que tiende a converger haciendo más estatal a la economía norteamericana y más privada a la China.
Por eso, en vez de utilizar el proyecto de participación obrera en las ganancias, como recurso electoral disolvente, deberíamos pensarlo como alternativa o complemento al impuesto a las ganancias y como un sistema de estímulo a la productividad y la inversión.
En una nación moderna, el conflicto se produce naturalmente como producto de su propia dinámica social y son los partidos los que deben mediar para resolverlos avanzando en el fortalecimiento del interés general.
Las ONG’s, los individuos creativos y cultivados, las organizaciones sectoriales y regionales, tienen un rol dinamizador que debe estimularse y receptarse para alimentar las propuestas que maduran y se concretan finalmente a nivel institucional.
Es bueno que la SGT y los legisladores más vinculados a sus intereses presenten un proyecto de mejora de la participación del asalariado y estímulo a la mayor productividad empresaria. Es bueno que el Estado haga la superintendencia de los mercados para garantizar su transparencia y evitar las maniobras monopólicas y oligopólicas.
Es bueno que el sistema impositivo busque la equidad distributiva y el financiamiento de una buena educación y una salud pública de excelencia así como la implementación de un sistema de justicia y seguridad que nos proteja frente al delito común y los abusos del poder público.
Pero es malo que una fracción se haga cargo de todo o pretenda imponerlo. Nuestra historia está plagada de malos ejemplos. También están los buenos. Sepamos rescatar a estos últimos e intentemos multiplicarlos.
Diego R. Guelar
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